Este 10 de diciembre 10 de diciembre no es un año más: es un aniversario que importa. Se cumplen 15 años desde que la Asamblea General de la ONU reconoció el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento (2010–2025) y 10 años desde que ambos se reconocieron de manera independiente (2015–2025).  

Los derechos no se conceden, ya que son inherentes a la existencia de las personas.  Y sin embargo, y pese a su importancia, los derechos humanos al agua y saneamiento no fueron reconocidos como tales por Naciones Unidas hasta 2010.  

Detrás de ese avance hubo años de trabajo y de liderazgo internacional, especialmente de España, Alemania o Bolivia, que desde 2008 impulsaron el mandato del Relator Especial de agua y saneamiento (anteriormente conocido como Experto Independiente), cuya primera titular fue Catarina de Albuquerque. Desde aquí queremos reconocer su extraordinaria contribución en la conquista de estos derechos y su determinación para que estas declaraciones condujeran a acciones tangibles y medibles que garanticen el acceso universal al agua y el saneamiento.  

Un trabajo al que contribuyeron muchas personas y que culminó con la histórica Resolución 64/292 en 2010, que reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento y, un lustro más tarde, con la Resolución 70/169, aprobada por consenso en 2015, que diferenció y definió ambos derechos de forma independiente. 

Hoy, cuando casi una cuarta parte de la humanidad no tiene acceso a agua potable segura y más de 3.000 millones de personas carecen de saneamiento adecuado, según datos de la Organización de las Naciones Unidas, estos avances legales se vuelven más relevantes que nunca. 

De derechos a proyectos, y de proyectos a vidas dignas 

En América Latina y el Caribe, el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) ha demostrado que los derechos solo existen plenamente cuando se conquistan en los territorios. Desde 2009, la Cooperación Española y el BID han trabajado juntos para que los derechos humanos al agua y al saneamiento dejen de ser una declaración y se conviertan en una experiencia cotidiana, especialmente en comunidades rurales y periurbanas.  

En estos 16 años, esta alianza ha impulsado 20 operaciones y 11 cooperaciones técnicas, gracias a 395,73 millones de euros en donaciones de España, que apalancaron una cartera total de más de 1.000 millones de euros. Todo ello se sumó a los programas bilaterales del FCAS, que supusieron otros 420 millones de euros en donaciones y, en total, han supuesto más de 4,6 millones de personas con acceso a agua potable y/o saneamiento. a través de programas que transforman hogares, escuelas y servicios comunitarios. Pero también es un impacto institucional: los proyectos fortalecen municipalidades rurales, crean mecanismos de participación, mejoran la gobernanza del agua, impulsan la transparencia y permiten que las comunidades —y especialmente las mujeres— tomen decisiones informadas sobre su propio desarrollo. 

Ese esfuerzo regional encuentra un ejemplo vivo en México, donde un programa conjunto del FCAS y el Programa  Indígena llevará agua y saneamiento a comunidades aisladas, mayoritariamente habitadas por población indígena, que se encuentran en una situación prolongada de pobreza, aislamiento geográfico y baja cobertura de servicios básicos. En total, el programa beneficiará a cerca de 3.900 personas en diez comunidades del municipio de Texax, en Yucatán.  

Pero quizá lo más significativo es su enfoque: fortalecer la gestión pública y comunitaria del agua, establecer sistemas resilientes al cambio climático y promover prácticas de higiene y conservación del recurso, alineando el proyecto con la lucha contra la desnutrición crónica infantil. 

Este proyecto ilustra, en pequeño, lo que el FCAS persigue en toda la región: que los derechos humanos al agua y al saneamiento se expresen en sistemas robustos, instituciones sólidas y comunidades empoderadas. 

Cuando los derechos llegan al territorio 

Sin embargo, América Latina y el Caribe sigue enfrentando desafíos urgentes: 160 millones de personas todavía no cuentan con agua gestionada de forma segura; 335 millones de personas no tienen acceso a un saneamiento adecuado; y las mujeres y las niñas de la región siguen asumiendo el 72% del trabajo relacionado con el agua, afectando su educación, salud y autonomía. Cerrar estas brechas exige inversión, políticas claras, instituciones fuertes y una mirada basada en derechos. 

Por esta razón, el pasado webinar “Derechos Humanos en municipios rurales”, organizado por el BID, Human Right 2 Water y AECID, y financiado por la Unión Europea a través del programa LAIF Regional, mostró casos de éxito en países como Colombia, Honduras, Panamá, El Salvador y Costa Rica. Cada uno, con sus particularidades, demuestra lo mismo: cuando hay voluntad política, acompañamiento técnico y participación comunitaria, los derechos humanos se traducen en mejores servicios, en sistemas sostenibles y en comunidades más resilientes.  

Sin embargo, conseguirlo no es fácil. Por eso, el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento hace un esfuerzo en fortalecimiento de capacidades a través de formación especializada y seminarios (por ejemplo, a través del Centro de Formación en Bolivia), así como en el desarrollo de herramientas que permitan aterrizar los derechos humanos a la gestión cotidiana:  

• Para los equipos que diseñan y monitorean proyectos, la Lista de Comprobación DHAS permite evaluar si los proyectos integran principios como la no discriminación, la participación o la transparencia. 
• Para los operadores de agua y saneamiento, AquaRating permite que conozcan la calidad del servicio que ofrecen, monitoreen su desempeño y planifiquen mejoras.  
• Para juntas de agua y administradores en el contexto rural, la herramienta de autodiagnóstico para municipalidades rurales orienta mejoras en las dimensiones clave del derecho: acceso, disponibilidad, calidad, aceptabilidad y asequibilidad, así como en los principios transversales que permean todo el derecho. 

Estas herramientas son solo algunos ejemplos de acciones que democratizan el conocimiento técnico y permiten que los derechos lleguen realmente a quienes más los necesitan. 

15 años después… el trabajo sigue vigente 

En este Día de los derechos humanos, cuando celebramos 15 años del reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento y 10 años de su reconocimiento independiente, reafirmamos algo esencial: el acceso a agua y saneamiento seguros, asequibles y culturalmente adecuados no es un privilegio; son un derecho humano.  

Y los derechos —como dijo Clara Campoamor— se conquistan. Cada programa, cada municipio fortalecido, cada niña que ya no debe caminar kilómetros para traer agua, cada comunidad que gestiona su sistema con transparencia y orgullo es una conquista colectiva. 

Hoy celebramos, sí. Pero, sobre todo, renovamos nuestro compromiso: seguir trabajando para que estos derechos sean una realidad en todos los territorios: agua y saneamiento para todas las personas, sin dejar a nadie atrás.